La lucha armada en Colombia ha traído consecuencias trágicas para la población civil, pero las más perjudiciales y degradantes han afectado a grupos específicos dentro de ésta.
Uno de los casos más nombrados es el de una comunidad del Urabá antioqueño llamada San José de Apartadó. Dicha región se caracteriza por ser una zona aislada del mundo urbano, pues forma parte de un grupo de veredas que se dedican primordialmente a la producción agrícola, sobre todo a la producción bananera.
Esta región es centro de actividad armada desde mediados de la década de los noventa, por parte tanto de las FARC como de grupos paramilitares y el ejército.
La presencia de grupos armados en la zona ha hecho que la comunidad desarrolle proyectos para responder ante la violencia vivida. El proyecto de mayor envergadura ha sido la creación de la Comunidad de Paz, que se basa en el propuesto de que San José de Apartadó sea catalogado como zona neutral. Sin embargo, incluso la creación y el desarrollo del proyecto han recorrido un camino muy difícil, en el que el Estado no ha actuado de la manera más sensata, puesto que su papel como garante de la seguridad de la población no ha sido del todo satisfactorio. Así pues, el ejército ha llegado a catalogar a la población de la comunidad como paramilitar, para poder justificar su acción que incluye matanzas y desplazamientos forzados, entre otras muchas formas de coacción.
La comunidad surgió en 1997, tras el masivo desplazamiento de población que habitaba veredas aledañas. Este gran desplazamiento ocurrió porque la policía decidió instalarse dentro de la zona, lo que convertía el terreno en un punto clave para la guerrilla. La población inconforme, decidió junto con el Monseñor Duarte Cansino, crear zonas neutrales a la guerra. Sin embargo, tras pocos días de la declaración hubo una arremetida paramilitar muy brutal, que se interpreta como la disconformidad del Estado ante el surgimiento de zonas neutrales.
El periodo histórico que atravesaba el país no era muy favorable, pues estuvo caracterizado por la presencia activa de numerosos grupos armados en Colombia (conflicto armado interno). Esta actividad fue tan intensa en ese entonces que dicho periodo es considerado el de mayor recrudecimiento de la lucha armada en la historia del país. Los desplazamientos forzados, matanzas masivas, desapariciones, secuestros y atentados son sólo unos de los actos que se cometieron innumerables veces finalizando la década de los noventa.
Para aquel entonces, la presidencia estuvo a cargo de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y de Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Hay que destacar la presencia de Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia entre 1995 a 1997, lo cual influyó considerablemente en el desarrollo de los eventos del departamento.
Así pues, a los pocos días de la conformación de la Comunidad de Paz, tuvo lugar un brutal arremetimiento militar contra la comunidad, que fue interpretado como la respuesta desaprobatoria del Estado a la creación de zonas neutrales mediante la destrucción de la comunidad, para así comunicar a las demás poblaciones lo que podría ocurrir en caso de que decidieran declararse como zonas neutrales. Por tanto, el trayecto de la comunidad ha estado lleno de obstáculos incluso desde su comienzo.
Entre tantos hechos, se concluye que la comunidad no ha dejado de luchar por el establecimiento de la paz a pesar de los altibajos que ha tenido que sobrellevar. Entre los acontecimientos más perjudiciales se menciona el bloqueo económico a la población durante tres meses, así como las numerosas matanzas tanto de adultos como de niños que fueron acusados de paramilitares.
En total, se podrían contabilizar más de cuatrocientos-cincuenta crímenes de Lesa Humanidad que afectaron a dicha población. La magnitud de los daños causados ha hecho que este caso sea llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde se exige al Estado responder ante tales crímenes. A pesar de estos intentos, ni un solo caso ha sido sancionado, de manera que la impunidad se ve reflejada en el cien por ciento de los eventos. Aquí entra a escena la manipulación de testimonios mencionada por el padre Giraldo, ya que al estar en manos de entidades gubernamentales, dichos testimonios están sujetos a la tergiversación de información a favor del Estado.
El dolor que la impunidad causa a las víctimas es impresionante, y los que reciben los beneficios de los cargos imputados son precisamente los agentes de violencia tanto por parte del Estado como por los grupos armados. Esto lleva a pensar que la población es utilizada como sujeto de confrontación entre bandos, lo cual implica una nula manifestación de la moralidad de los grupos poderosos en el país (institucionales y no institucionales).
A pesar de todo esto, la Comunidad de Paz todavía vela por la consolidación de la justicia, la verdad y la solidaridad, y están convencidos de que sus esfuerzos tendrán frutos a futuro. La Comunidad de Paz es, según el Padre Giraldo, “un proyecto profundamente humanístico”.
Así pues, la manera idónea de lograr la paz según la comunidad es a través de la resistencia pacífica, esto es, mediante la confrontación no armada y el mantenimiento de los ideales de la población. Asimismo, la comunidad propone la educación de los niños sobre la historia del pueblo y la lucha pasiva que sus habitantes han mantenido con el objetivo de lograr la paz. Por tanto, es “una muestra de que seguirán firmes en contra de las masacres, en contra de los asesinatos particulares, en contra de las amenazas”, “Los miembros de la Comunidad de Paz San José de Apartadó se comprometen a la no injusticia e impunidad de los hechos.” (Art. 3, Párrafo 1).
Esta resistencia pacífica se ve manifestada en el monumento de piedra creado por la comunidad, en el que cada piedra representa la muerte de un individuo por parte de los grupos armados. Entonces, es la construcción de una memoria histórica, que sigue y seguirá levantándose hasta cuando la violencia acabe. Por tanto, las piedras representan los hechos que dieron origen a la Comunidad de Paz y a su vez, el rechazo a la violencia nacional.
El Padre Giraldo cumple un papel fundamental en la exposición de los hechos ocurridos en San José de Apartadó y en muchos otros lugares de Colombia que se ven afectados por el conflicto armado. De esta manera, el Padre Giraldo se declara testigo de excepción mediante la argumentación que expone a la Fiscalía en la carta. Esto quiere decir que sus declaraciones son supremamente definitorias y esenciales para comprobar la corrupción existente en el sistema judicial colombiano. Entonces, expone que la falta de moralidad de las instituciones políticas colombianas es lo que ha desencadenado la fuerte violencia que vive el país:
“El aparato judicial y disciplinario del Estado, inducido por el positivismo jurídico imperante que ha ido cortando todo vínculo con el mundo de los valores, de la ética, de los ideales políticos, de los humanismos, de las religiones, para erguirse en una técnica autónoma supuestamente “aséptica”, ha ido construyendo el concepto soberano de “verdad procesal” como base de su “justicia”” (Giraldo, 2009, 34).
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